PARTE 2  |  23 OCTUBRE - 13 NOVIEMBRE 2021

Algunas partes del artículo I se han tomado prestadas de las constituciones suiza y estadounidense y se han adaptado a las normas europeas.   

Las dos primeras cláusulas de este artículo 1 establecen la relación entre el órgano federal, los Estados miembros y los ciudadanos.

La cláusula 1 establece que la federación es creada por los Estados miembros y los ciudadanos. Por tanto, la Constitución no sólo pertenece a los Estados miembros, sino también a los ciudadanos. Éstos tienen un mandato independiente que se analiza con más detalle en el artículo VII. Ojo: la ratificación de la Constitución federal por parte de los ciudadanos es el ejemplo más amplio de democracia directa.

La cláusula 1 también estipula que la federación consta de dos estratos: el del órgano federal, con una gama limitada de competencias para los intereses comunes, y el de los Estados miembros, que conservan el poder de decisión soberano para todos sus propios intereses. Los Estados miembros no transfieren poderes, lo que significa que no transfieren partes de su soberanía al órgano federal, sino que permiten que éste comparta su soberanía haciendo una separación vertical de poderes. Para entender bien este concepto de soberanía compartida por la separación vertical de poderes me remito al capítulo 5 de la "Caja de herramientas constitucionales e institucionales para la creación de los Estados Unidos de Europa": https://www.faef.eu/wp-content/uploads/Constitutional-Toolkit.pdf.

El órgano federal no tiene autoridad para interferir en el orden interno de los Estados miembros. Esta es una diferencia fundamental con respecto a la Unión Europea, que puede utilizar directivas vinculantes para obligar a los Estados miembros a adaptar su legislación y ordenamiento interno. La Unión Europea llama a esto integración, pero en realidad es asimilación. La federación de los Estados Unidos de Europa deja a los Estados miembros tal y como son y sólo sirve a los intereses comunes de esos Estados miembros.

La cláusula 2 hace innecesaria la inclusión del principio de subsidiariedad en la Constitución con tantas palabras. La separación vertical de poderes es una subsidiariedad inamovible: los Estados miembros tienen su propio e inviolable abanico de competencias, sobre el que el órgano federal no tiene ningún control. El órgano federal no tiene poderes discrecionales -y mucho menos arbitrarios- para imponer a los Estados miembros lo que pueden o no pueden regular o realizar. 

Permítanme dar un ejemplo de cómo funcionó esto en Estados Unidos después de que se alcanzara el Acuerdo Climático de París en diciembre de 2015. El presidente Trump se negó a firmarlo. Pero el estado de California lo hizo. Preservar la soberanía de los Estados miembros de una federación es una de las esencias de la estatalidad federal y contrasta con el Tratado de Lisboa, que en varios puntos ofrece grandes posibilidades de violar el principio de subsidiariedad.

Las cláusulas 3 y 4 establecen los derechos de los ciudadanos europeos. En lugar de incluir los derechos fundamentales en forma de Carta de Derechos en la Constitución, decidimos en la cláusula 3 vincular la Constitución al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Y a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La forma de establecer este vínculo es una cuestión que debe resolverse mediante una ley transitoria tras la aprobación de la constitución federal. 

Hay un comentario que hacer aquí. Se pide a los miembros de la Convención de los Ciudadanos que presten atención a una cuestión legislativa en la cláusula 3. El artículo 20 del "Tratado de la Unión Europea" (uno de los dos tratados parciales del Tratado de Lisboa) otorga a al menos nueve Estados miembros el derecho a establecer una forma de cooperación reforzada. En nuestra opinión, esta cooperación reforzada podría ser un Estado federal que se adhiere a la Unión Europea como miembro y trabaja para ampliar la federación a partir de ahí. El artículo 20 estipula que los miembros de esta cooperación reforzada tienen derecho a utilizar las instituciones de la UE. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Europeo, el Banco Central Europeo o el Tribunal de Cuentas Europeo. Si esta opinión es correcta, es decir, si nueve Estados miembros tienen derecho a crear una cooperación reforzada en forma de federación, entonces quizás la cláusula 3 sería superflua. Al fin y al cabo, el Convenio y la Carta europeos mencionados entrarían automáticamente en la jurisdicción de la federación. Se agradecería un análisis más detallado de esta cuestión, y posiblemente una modificación de la cláusula 3.

La cláusula 4 es un punto adicional relativo a esos derechos. Debe establecerse constitucionalmente que los ciudadanos tienen derecho a acceder libremente a los documentos del gobierno. Esto, por cierto, está sujeto a una mayor regulación en una Ley de Acceso Abierto a los Documentos Públicos.


Artículo I - La Federación y la Carta de Derechos

  1. Los Estados Unidos de Europa están formados por los ciudadanos y los Estados, que participan en la Federación.
  1. Los poderes que la Constitución no confía a los Estados Unidos de Europa, ni esta Constitución prohíbe a los Estados, están reservados a los Ciudadanos o a los respectivos Estados.
  2. Los Estados Unidos de Europa se adhieren al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
  3. Los artículos de ambas Cartas sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa incluyen también la libertad de adquirir y recibir información y también de proporcionarse las expresiones de otros. Estas libertades están cubiertas por la Ley de Acceso a los Documentos Públicos, que contiene disposiciones sobre el derecho de acceso a los documentos públicos.

Exposición de motivos del artículo I

La siguiente exposición de motivos del proyecto de constitución federal para los Estados Unidos de Europa fue escrita originalmente por Leo Klinkers y Herbert Tombeur en sus European Federalist Papers (2012-2013): https://www.faef.eu/the-european-federalist-papers/ 

Explicación de la cláusula 1
Aquí nos inspiramos en las Constituciones americana y suiza. El texto de la primera cláusula define la naturaleza específica de una federación pública: no sólo está formada por los Estados, sino también y sobre todo por sus Ciudadanos; una Federación es de los Ciudadanos y de los Estados. Para todos aquellos que temen que una Federación, como pretendido superestado, absorba la soberanía de los Estados nacionales participantes, debe quedar claro ahora que dentro de los Estados Unidos de Europa los Estados permanecen: Francia sigue siendo Francia, Estonia sigue siendo Estonia, España sigue siendo España, etc. 

Y hay más: al nombrar explícitamente a los ciudadanos como copropietarios de la Federación, existe un mandato constitucional para consultarlos sobre los cambios propuestos en el territorio de la Federación. Un derecho que los ciudadanos europeos aún no han recibido con el Tratado de Lisboa: una forma de democracia directa. Abordamos este derecho en el artículo VII de nuestro proyecto. 

Los Estados están representados junto a los ciudadanos en el nivel federal de gobierno. Sus representantes tienen un mandato individual. No actúan en nombre y por cuenta de las instituciones políticas de su Estado. Este importante principio en el funcionamiento de la Federación se aborda en la organización del Congreso Europeo que consta de dos Cámaras. 

110 La siguiente exposición de motivos del proyecto de constitución federal para los Estados Unidos de Europa fue escrita originalmente por Leo Klinkers y Herbert Tombeur en sus European Federalist Papers (2012-2013): https://www.faef.eu/the-european-federalist-papers/ 

Explicación de la cláusula 2
Inmediatamente después de la entrada en vigor de la Constitución estadounidense, se hizo evidente la necesidad de una Carta de Derechos. Ésta llegó en forma de diez Enmiendas a la Constitución. Las enmiendas 1-9 contenían los derechos fundamentales propiamente dichos. Así que ahora los hemos incorporado al Artículo I, Sección 3. La Décima Enmienda (propuesta por James Madison y adoptada el 15 de diciembre de 1791) tenía un carácter diferente, más estatal, al reafirmar explícitamente el sistema estatal federal. Creemos que es importante dejar constancia de ello en la cláusula 2 del artículo I. Deja claro que la Federación Europea tiene una división vertical de poderes no jerárquica. Tanto las autoridades de la Federación como las de los Estados miembros son soberanas en las materias que la Constitución asigna a ambos niveles de gobierno. En el sentido de que a la Federación se le asignan competencias en una serie de ámbitos políticos limitados, no en otros. Para los amantes de las buenas prácticas históricas de finales del siglo XVIII, este principio de la separación vertical de poderes ya se estableció en los primeros diez días de la Convención de Filadelfia y se desarrolló en un proyecto de Constitución unas semanas más tarde. Establece constitucionalmente que el poder federal no puede ejercer ningún poder jerárquico sobre los Estados. 

Quienes conozcan el Tratado de Lisboa, y más concretamente el tratado parcial con el nombre de "Tratado de la Unión Europea", pueden preguntarse "¿Qué hay de nuevo? Al fin y al cabo, ese Tratado de la Unión Europea estipula en su artículo 4, apartado 1: "De conformidad con el artículo 5, las competencias no atribuidas a la Unión en los Tratados serán atribuidas a los Estados miembros". Esto parece dos gotas de agua sobre nuestro artículo I, cláusula 2. 

Pero las apariencias pueden ser engañosas. El posterior artículo 5 de dicho Tratado establece que la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. Este principio tiene dos aspectos: 

o La capacidad de actuación de la Unión viene determinada por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; es decir, en definitiva, la Unión puede actuar de forma decisiva en aquellos casos de los que los propios Estados miembros (o sus componentes) no podrían ocuparse (mejor); en otras palabras, el principio de subsidiariedad (dejar a los Estados lo que los propios Estados pueden hacer mejor) no es absoluto, sino relativo. 

o En la otra parte del Tratado de Lisboa -el "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea"- hay algunos artículos que dan una lista concreta de las competencias de la Unión. Pero esos artículos tienen en parte un carácter jerárquico, especialmente en el grupo de las competencias compartidas - se trata de competencias asignadas a ambos niveles de gobierno, pero en las que la Unión, al actuar, obliga a los Estados miembros a ajustarse a ellas. Esto no existe en una Federación. 

Por si todo esto fuera poco, también existen competencias subsidiarias a disposición de la Unión, otorgadas en el artículo 352 del mismo "Tratado de Funcionamiento de la UE". Esto significa que la Unión puede actuar si es necesario para alcanzar un objetivo de los Tratados y si ninguna otra disposición del Tratado prevé medidas para lograrlo. Esto se denomina "base jurídica flexible". En nuestra opinión, se trata de una llave manipuladora y arbitraria que encaja en cualquier cerradura. Por lo visto, la Unión Europea no puede abandonar hasta hoy la técnica de invocar el objetivo de una "integración cada vez mayor" para hacerse con el poder cuando le conviene. 

¿Por qué esto no se parece ni remotamente a la federalización? Volvamos a discutirlo. La práctica ha demostrado durante años que el principio de subsidiariedad hace aguas. El Protocolo que impide a la Unión tomar arbitrariamente decisiones fuera del ámbito de sus competencias expresamente concedidas, incluida la función de vigilancia de los parlamentos nacionales para garantizar el cumplimiento de dicho Protocolo, ya funcionaba muy mal antes de la llegada del Tratado de Lisboa. No ha funcionado en absoluto desde la entrada en vigor de ese Tratado en 2009, porque a partir de entonces el Consejo Europeo se hizo cargo de la toma de decisiones de principio. Y nadie puede parar esa máquina. ¿Por qué? Por la jerarquía que mencionamos antes: algo que una vez decidido por el Consejo Europeo supone la obligación para los Estados miembros de aplicarlo uniformemente en su propio país: la fuente de la integración asimiladora. Esto no sólo es ajeno a un sistema federal, sino que además no está claro quién es exclusivamente competente en qué materias. Sí se dice unas cuantas veces que tal o cual autoridad tiene competencia exclusiva, pero los artículos 1 a 15 del "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea" contienen tantos añadidos vagos que no hay claridad, como ocurre en la Constitución estadounidense. 

La Constitución de EE.UU. no establece que la Autoridad Federal pueda anular a los Estados miembros. Confiere a la Autoridad Federal un conjunto de competencias exhaustivamente enumeradas y eso es todo. No existe ninguna jerarquía con respecto a los Estados miembros, ni ninguna división de poderes. Al igual que en la Constitución suiza. 

Esta es la esencia del federalismo: una verdadera federación tiene una soberanía compartida pero no poderes compartidos: cada uno, la Autoridad Federal, y los Estados miembros, tienen sus propios poderes. Este es el resultado de las dos primeras semanas de debates en la Convención de Filadelfia que comenzó a finales de mayo de 1787. El "Plan de Virginia", que James Madison había puesto sobre la mesa como pieza inicial federalista, contenía una cláusula que otorgaba a la autoridad federal el poder de anular las "leyes impropias" de los estados. Hubo una objeción a esta cláusula, explicitada en el "Plan de Nueva Jersey" elaborado inmediatamente después. Las partes resolvieron posteriormente esta disputa en el "Gran Compromiso" optando por una separación vertical de poderes, expresada en una serie de poderes limitables de la autoridad federal: sin jerarquía. Así, no se interviene desde arriba si un Estado miembro ejerce sus funciones legislativas o ejecutivas de forma "indebida". 

Así es como debe ser: en un sistema federal, los Estados miembros son y siguen siendo soberanos en sus propios círculos. Por ello, nuestra Constitución no menciona en absoluto el principio de subsidiariedad, por la sencilla razón de que la enumeración exhaustiva (más adelante se hablará de ello) de las competencias federales establece la subsidiariedad en sentido absoluto. La Autoridad Federal no tiene poderes discrecionales -y mucho menos arbitrarios- para determinar por sí misma lo que los Estados miembros no podrían regular o realizar por sí mismos. 

Explicación de la cláusula 3
Los Estados Unidos de Europa se adhieren a dos cartas. Una es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, redactado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La otra es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Dado que ambas Cartas juntas tienen un sistema perfectamente ordenado de derechos fundamentales para los ciudadanos de la UE y otros ciudadanos europeos que no viven en la UE (todavía), adoptamos ambas Cartas como una Carta de Derechos Europeos ampliada. En el cuarto párrafo de la cláusula 3, añadimos una salvaguarda adicional: el derecho de los ciudadanos y de la prensa a acceder libremente a los documentos del gobierno federal, aunque sujeto a otras disposiciones en una ley. 

La razón para acoger los artículos de las Cartas pero no la referencia al principio de subsidiariedad es, pues -como ya se ha explicado-, que la disfuncionalidad estructural de dicho principio ha permitido a la UE continuar su producción asimilacionista durante años, siguiendo la tradición desde la fundación de las Comunidades Europeas. Digámoslo también de otra manera: el principio de subsidiariedad, tal y como se consagró en los tratados europeos desde el principio, nunca ha funcionado en el sentido en que se pretendía, es decir, dejar a los Estados miembros lo que ellos mismos hacen mejor. Cuando le conviene al Consejo Europeo, siempre se lo salta. Sólo si se dota a la autoridad federal europea de un conjunto de competencias limitadas (como dicen los alemanes, un "Kompetenz Katalog") se puede poner fin al desprecio del principio de subsidiariedad. 

Nos enfrentamos a una cuestión legislativa. Tiene que ver con el apartado 2 del artículo 20 del "Tratado de la Unión Europea" (una de las partes del Tratado de Lisboa): este artículo establece que nueve Estados miembros tienen derecho a iniciar una cooperación reforzada. Sin embargo, esto sólo se permite cuando promueve los objetivos de la UE, protege sus intereses y fortalece su proceso de integración. No debe socavar el mercado interior: un mercado único de bienes, servicios, personas y capitales. 

Las disposiciones pertinentes del Tratado de Lisboa (incluidos los artículos 326 a 334 del otro Tratado de Lisboa, el "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea") indican que si los nueve Estados miembros de la UE crean una asociación más estrecha (por ejemplo, en forma de Federación), pueden utilizar las instituciones de la Unión. Incluyendo todo lo que existe en términos de regulación en torno a esas instituciones. En sentido estricto, esto implicaría, al menos esa es nuestra interpretación del artículo 20 del "Tratado de la Unión Europea", que tras la ratificación de la Constitución Federal por los pueblos de al menos nueve Estados miembros de la UE, esa federación tendría acceso legal a todas las instituciones de la UE existentes y a sus competencias. Así, también al Banco Central Europeo, al Tribunal de Justicia Europeo, etc. 

Si este es el razonamiento correcto - una cuestión que debe evaluar la Convención de los Ciudadanos - entonces la cláusula 3 sería superflua. Después de todo, la Carta de los Derechos Fundamentales ya se aplicaría por ley a la Federación de Europa. Y entonces no sería necesaria una referencia explícita a ella en el apartado 3 del artículo 1. 

Artículo I - La Federación y la Carta de Derechos

  1. The European Federal Union is formed by sovereign Citizens and States, participating in the Federation.
  2. The powers not entrusted to the European Federal Union by the Constitution, nor prohibited to the States by this Constitution, are recognised powers of the Citizens and entrusted powers of the States, in order to protect the autonomous initiatives of Citizens and States, relating to activities of personal or general interest.
  3. The European Federal Union sees in the natural rights of every living human being the only source from which agreed rights can be derived, such as formulated in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and in the Charter of Fundamental Rights of the European Federal Union, whose rights shall have the same legal value as the Constitution.
  4. Every Citizen has a right of access to documents of the Federation, States, and local Governments and the right to follow the proceedings of the courts and democratically elected bodies. Limitations to this right may be prescribed by law to protect the privacy of an individual, or else only for extraordinary reasons.
  5. Subject to the provisions of Article V, Section 1, Clause 8, the European Federal Union may accede and adhere to a World Federation on the basis of an Earth Constitution.

Exposición de motivos del artículo I

Explanation of Clause 1 – the formal basis
From a formal point of view, the sequence of establishing this constitution is as follows. Citizens of EU and other European states - vested with the right to vote - ratify this constitution by simple majority. It is up to the respective parliaments of those states to decide whether to follow the will of their Citizens. The States that follow the will of their Citizens thus establish the Federal European Union. This Federation has two possibilities of existence. Either alongside the intergovernmental European Union, or as a Federation within that European Union. After all, federal Germany, Austria, and Belgium are already members of the EU.

Explanation of Clause 1 – the philosophical basis
The philosophical basis for Clause 1 is as follows. The Federation is all about the sovereignty of the Citizens, the States and the Federation itself. Sovereignty means the right and obligation to’reign’; not to ‘govern’. This means:

  • For Citizens to reign their households based on economic principles to attain prosperity through financial liberty.
  • For States to reign their households based on sociologic principles to attain wellbeing through cultural equality.
  • For the Federation to reign its household based on judicial principles to attain wellness through morality.

The mutual relationship between the Citizens, the States and the Federation form a idiosyncratic trias politica: independent reigning spaces under the principle of subsidiarity, precisely defined, lest deliberations will produce unintelligeable cacofonic noise. If not, Citizens’ and States’ thougts will be quelled by hierarchical power play. Each of the three entities of that trias politica ‘sui generis’ should have and mind its own business for the sake of subsidiarity. The Federation as a whole needs protection against any (group of) Citizens or States with egoistic financial, cultural or political impulses breaking the complex of values of the Preamble, without which our communities remain or become ‘animalistic’ instead of ‘humanistic’.

There are views that deny or minimise Citizens' own independent and sovereign space for thought and action. However, history has repeatedly proven that Citizens do have their own space, and that the constitution (or documents of the same value) must reflects this. Think of the English Magna Carta of 1215 in which the vassals of King John Lackland made it clear that with his signature he had to respect the inalienable rights of his people, otherwise they would depose him. The Netherlands, with the Placcard of Abandonment of 1581, declared the Spanish King no longer to be their sovereign and were prepared for an 80-year war to win this battle. The French Revolution of 1789 and the Declaration of Independence with which the thirteen British colonies declared their independence in 1776 are also examples of the inalienable right of citizens to free themselves from autocratic rule. After WWII, the Dutch, Portuguese, French, Belgian and British colonies did the same. Most of them by force.

Thus, our federal constitution guarantees the free space of Citizens in various places. First, by placing the ratification of the Federal Constitution primarily in the hands of the Citizens of Europe: the ultimate form of direct democracy. This makes it a constitution of, by and for the Citizens. It is then up to the respective parliaments to decide whether or not to follow the will of the people; if so, Citizens and States are co-owners. Subsequently, this own space of the Citizens is laid down in Section III of the Preamble, which reads: 

III. Por último, sin perjuicio de nuestro derecho a ajustar la composición política del cuerpo federal en las elecciones, tenemos el derecho inalienable de deponer a las autoridades de la federación si, a nuestro juicio, violan lo dispuesto en los puntos I y II, 

Finally, the free space of the Citizens is reflected in the referendums of Article V, in particular the introduction of the decisive referendum of Clause 8 of that Article.

Other views grant no or little free space to the member states of the federation. They see the States’ position as 'only' representing the people. So, limited to an administrative role. In other words, they see the space of the Citizens and of the States as coinciding, as it were, and only see a clear distinction between the space of the States and that of the Federal Authority. We do not follow this line of thinking. Although the States are the representation of their people, they are responsible for their own decision making space for the democratic and functional order of the State. This is confirmed by Article VII, Section 3, Clause 2, reading in the original draft version:

“The United States of Europe wil not interfere with the internal organization of the States of the Federation”

The relationship of these three independent - subsidiary - worlds of thought between the Citizens, the States and the Federation can perhaps be better understood by visualising it with three intersecting circles.

Circle 1 is the world of the reign of the Citizens, Circle 2 of the States and Circle 3 of the Federation, with its horizontal trias politica of legislative, executive and judiciary branches. In the middle - at number 4 - lies the outcome of their combined reigning, expressed in the maximum protection of the complex of values of the Preamble: the ‘holy grail’ so to speak, untraceable but nevertheless obliging to an eternal search by the three entities involved.

Explanation of Clause 1 – the content
From a content point of view, we take inspiration from the American and Swiss Constitutions. The text of the first Clause defines the specific nature of a public federation: it consists not only of States, but also and especially of their Citizens; a Federation is of the Citizens and of the States. They are the co-owners of the federation. For all those who fear that a Federation, as a purported superstate, would absorb the sovereignty of the participating member states, it should now be clear that within the European Federal Union the States remain as they are: France remains France, Estonia remains Estonia, Spain remains Spain, et cetera. 

And there is more: by explicitly naming the Citizens as co-owners of the Federation, there is a constitutional mandate to consult them on proposed changes to the territory of the Federation. A right that the European Citizens have not yet received under the Lisbon Treaty: a form of direct democracy. We address this right in Article VII of our draft constitution. 

The States are represented alongside the Citizens at the federal level of government. Their representatives have an individual mandate. They do not act in the name and on behalf of the political institutions of their State. This important principle in the functioning of the Federation is addressed in the organization of the European Congress consisting of two Chambers. 

Explicación de la cláusula 2
Clause 2 of Article I makes clear that the European Federation has a non-hierarchical vertical division of powers. This creates ‘shared sovereignty’ between the States and the Federal entity: the States entrust the Federation with the use of some of their powers to look after common interests. These are interests that the States themselves cannot look after (anymore). Entrusting the federal authority with some state powers does not give it any hierarchical power, let alone enable it to intervene in the internal order of the States.

Both the Federal and Member State authorities are sovereign in those matters assigned by the Constitution to both levels of government. In the sense that the Federation is assigned powers for a number of limited policy areas, no others. For lovers of historical best practice from the end of the 18th century, this principle of the vertical separation of powers (not to be confused with hierarchic powers) was already laid down in the first ten days of the Philadelphia Convention and further elaborated in a draft Constitution a few weeks later. It constitutionally establishes that the Federal Authority cannot exercise hierarchical power over the States.

Quienes conozcan el Tratado de Lisboa, y más concretamente el tratado parcial con el nombre de "Tratado de la Unión Europea", pueden preguntarse "¿Qué hay de nuevo? Al fin y al cabo, ese Tratado de la Unión Europea estipula en su artículo 4, apartado 1: "De conformidad con el artículo 5, las competencias no atribuidas a la Unión en los Tratados serán atribuidas a los Estados miembros". Esto parece dos gotas de agua sobre nuestro artículo I, cláusula 2.

But appearances can be deceptive. The subsequent Article 5 of that Treaty of Lisbon states that the delimitation of the Union's competences is governed by the principle of conferral. This is what should NOT be done; the principle of conferral leaves far too many competence issues indeterminate:

  • Whether the Union has power to act is determined by the principles of subsidiarity and proportionality; that is to say, in short, the Union may act decisively in cases which the Member States themselves (or their component parts) could not (better) take care of; in other words, the principle of subsidiarity (leave to the States what the States themselves can best do) is not absolute, but relative.
  • In the other part of the Lisbon Treaty - namely the 'Treaty on the Functioning of the European Union' - there are some articles that give a concrete list of the competences of the Union. But those articles are partly hierarchical in character, especially in the group of shared competences - these are competences allocated to both levels of government, but where the Union, when acting, obliges the Member States to conform to them. This does not exist in a Federation. 
  • Por si todo esto fuera poco, también existen competencias subsidiarias a disposición de la Unión, otorgadas en el artículo 352 del mismo "Tratado de Funcionamiento de la UE". Esto significa que la Unión puede actuar si es necesario para alcanzar un objetivo de los Tratados y si ninguna otra disposición del Tratado prevé medidas para lograrlo. Esto se denomina "base jurídica flexible". En nuestra opinión, se trata de una llave manipuladora y arbitraria que encaja en cualquier cerradura. Por lo visto, la Unión Europea no puede abandonar hasta hoy la técnica de invocar el objetivo de una "integración cada vez mayor" para hacerse con el poder cuando le conviene.

Why does this not even remotely resemble federalisation? Let us discuss it again. Practice has shown for years that the principle of subsidiarity leaks badly. The Protocol preventing the Union from arbitrarily taking decisions outside the realm of its expressly granted competences, including the watchdog role of national parliaments in ensuring compliance with that Protocol, was already working very badly before the advent of the Lisbon Treaty. It has not worked at all since the entry into force of that Treaty in 2009, because from then on, the European Council took over principled decision-making. And nobody can stop that machine. Why is that? Because of the hierarchy we mentioned above: something once decided by the European Council means the obligation for the Member States to implement it uniformly in their own country: the source of assimilating integration. Not only is this alien to a federal system, but it is also unclear who is exclusively competent in what matters. It does say a few times that this or that authority has exclusive competence, but Articles 1 to 15 of the 'Treaty on the Functioning of the European Union' contain too many vague additions that there is no clarity.

The European Federal Union does not provide that the Federal Authority can overrule the Member States. It confers on the Federal Authority an exhaustively enumerated set of powers and that is all. There is no hierarchy towards the Member States, nor any division of powers. Just like in the Swiss and US Constitution.

This is the essence of federalism: a true federation has shared sovereignty but not shared powers: each, the Federal Authority, and the Member States, has its own powers. This is the result of the first two weeks of debates in the Philadelphia Convention that began in late May 1787. The 'Virginia Plan', which James Madison had put on the table as the federalist opening piece, contained a Clause giving the federal authority the power to overrule 'improper laws' of states. There was an objection to this, made explicit in the 'New Jersey Plan', produced immediately afterwards. The parties subsequently resolved this dispute in the 'Great Compromise' by opting for a vertical separation of powers, expressed in a series of limitable powers of the federal authority: no hierarchy. Thus, no intervention from above if a member state performs its legislative or executive functions 'improperly'.

Así es como debe ser: en un sistema federal, los Estados miembros son y siguen siendo soberanos en sus propios círculos. Por ello, nuestra Constitución no menciona en absoluto el principio de subsidiariedad, por la sencilla razón de que la enumeración exhaustiva (más adelante se hablará de ello) de las competencias federales establece la subsidiariedad en sentido absoluto. La Autoridad Federal no tiene poderes discrecionales -y mucho menos arbitrarios- para determinar por sí misma lo que los Estados miembros no podrían regular o realizar por sí mismos. 

Explicación de la cláusula 3
Immediately after the American Constitution came into force, the need for a Bill of Rights became apparent. This came in the form of ten amendments to the seven-article Constitution. That Bill of Rights subsequently formed an annex to the Constitution. The ten-article federal constitution of the European Federal Union does not contain a Bill of Rights either. It refers to rights that apply by reference to other documents. It is as follows.

The third Clause of Article I sees the rights of European Citizens as deriving from natural rights. Man has no authority over these. Natural rights are fundamental, self-evident rights. And what 'goes without saying' does not need to be explained. In addition to these rights by virtue of nature, we have rights by virtue of agreements made with the consent of all participants. In our modern time these agreements are laid down in Charters because they have a transnational character. 

The wording 'every living human being' means that the constitution does not grant natural, fundamental, self-evident rights to every other living being on earth: animals, plants, the seas, and all possible other living, non-human phenomena. Agreed rights are derived from them, but such rights are currently very much under discussion and can be laid down in other documents than the federal constitution.

So, there is a division between natural rights and cultural rights. Natural rights do not need to be formulated, because to do so would be to erroneously state that they are adaptable or negotiable. This is only possible with rights derived from natural law that are laid down by men made agreement in Charters. 

Clause 3 refers to Charters for those concrete, men made, cultural rights, without considering the Charters’ various intergovernmental arrangements and references to intergovernmental institutions. It is not necessary, nor advisable to incorporate concrete rights already laid down in Charters literally into the Constitution. This is also to avoid the need to develop new case law and the consequently need to amend the constitution when jurisprudence gives cause to modify these cultural rights. In the event that the EU ceases to exist, the Federation can adopt the Charters - adapted or not - as its own human rights domain.

Post-totalitarian constitutions have always worked like this: they open themselves to international human rights treaties and thanks to these they manage to update the protection of fundamental rights without having to change the text all the time. To pretend to fix an exhaustive list of fundamental rights without referring to the human rights treaties or the Charter of fundamental rights would end up frustrating the need to guarantee a high standard of protection to the rights themselves because the text of the constitutions gets old if it is not linked to the evolution of the international community. The history of constitutional law is full of referrals like this, we need to produce a document that has the ambition to work.If we do not recognise the constitutional value of the Charter of Fundamental Rights, we will undermine the strength of fundamental rights. It will bind lawmakers, but this is what constitutions normally do and this is how the judicial review of legislation works. Courts rely on the constitution to declare the invalidity of pieces of legislation that are seen as in conflict with fundamental rights.

There are many examples of constitutional provisions like this: Art. 10, paragraph 2, of the Spanish Constitution, Art. 16 of the Portuguese Constitution, Art. 5 of the Bulgarian Constitution, Art. 20 of the Romanian Constitution, Art. 93 of the Netherlands, and many others. If this reference is ignored we should write a detailed list of rights and this would make the constitutional text much longer, whereas one of the objectives is to draft a short, effective, and comprehensible text. So, this explains why it is not necessary, nor advisable to incorporate concrete rights already laid down in Charters literally into the Constitution.

The constitution - once ratified - binds everyone: individuals, governments, and private organisations of all kinds. Therefore, it is not necessary to require a signature from Citizens and organizations to confirm commitment to the constitution. That is implicitly established. The reason to mention it explicitly here is the circumstance that there are always individuals or organisations that violate human rights. With the third Clause of Article I, it is clear that the European Federal Union is a secular republic that unconditionally opposes the violation of human rights by any person or institution.

Explanation of Clause 4
The freedom of information and transparency is so fundamental and vital for democracy and legitimacy/public trust in authorities, that it deserves to be included directly right there in Article I.

Explanation of Clause 5
Clause 5 establishes constitutionally that the Federation Europe sees itself as one of the building blocks of a World Federation. Only if the Earth is governed by a World Federation, supported by a number of (continental) federal states such as the European Federal Union, can geopolitically tensions, armed conflicts, and greed - causes of unprecedented human suffering (destruction of the earth, refugees, torture, migration flows, poverty, disease, illiteracy and more) - be overcome.

All Clauses of Article I have the hallmark of establishing fundamental commitments. If we ask for commitment from EU Member States to sign up as members of a federal Europe, then a World Federation may ask for commitment from a federal Europe to act as one of the building blocks of the foundation of that World Federation. 

Just as our constitutional federal Europe must replace the undemocratic intergovernmental EU system, so a constitutional World Federation must replace the UN's dysfunctional system of treaties. 

Clause 5 makes it clear that it is indeed the Citizens of the European Federal Union who (must) take such a decision. This is stated in Article V, Section 1, Clause 8: the President shall organise a decisive referendum among all citizens on such affiliation/adherence.

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