PARTE 4  |  4 DECEMBER 2021 – 15 JANUARY 2022

Los poderes del Congreso se refieren a asuntos de importancia nacional. Por ejemplo, la moneda, los impuestos federales, las relaciones comerciales con otros países, los asuntos exteriores y la defensa. Y una serie de otros asuntos, exhaustivamente enumerados. 

Así, cada proyecto de ley procede de una de las Cámaras y se somete primero al Presidente. Éste puede firmarlo o vetarlo de forma motivada. En este último caso, vuelve a la Cámara en cuestión para su reconsideración. Si esa Cámara y la otra aprueban la propuesta por una mayoría de dos tercios, la ley se aprueba.

Explicación de la sección 1

Aquí elegimos una estructura diferente a la de la Constitución americana. El artículo I de la Constitución americana tiene diez secciones. Éstas tratan tanto de la organización del Congreso como de sus competencias. Nosotros pensamos que es mejor dividir estos dos temas. Por lo tanto, hemos dado a nuestro artículo II el título de "Organización del poder legislativo", que abarca las secciones 1 a 6. A continuación, tratamos las Secciones 7-10 en un nuevo Artículo III bajo el título de "Poderes de la Legislatura". Las Secciones 7-10 del Artículo I americano se numeran entonces como Secciones 1-4 en nuestro Artículo III.

Así pues, ambas Cámaras elaboran las leyes de iniciativa. No el Presidente y los Ministros de su Gabinete. Ni siquiera actúan en las Cámaras. Esta estricta separación de los poderes legislativo y ejecutivo garantiza la autonomía del Congreso Europeo en su tarea principal: la elaboración y aprobación final de las leyes federales.

La sección 1 otorga a la Cámara de los Ciudadanos la facultad exclusiva de elaborar leyes fiscales. Por tanto, a diferencia de la legislación en sentido general, el Senado no tiene ese poder. Sin embargo, el Senado puede intentar cambiar esas leyes fiscales mediante enmiendas. La razón para declarar que sólo la Cámara de los Ciudadanos es competente para tomar una iniciativa en este sentido se basa en la consideración de que "hurgar en el bolsillo de los ciudadanos" queda única y exclusivamente a la discreción de los representantes de esos ciudadanos.

La Cámara de los Ciudadanos decide así qué tipo de fiscalidad federal tendrá lugar: impuesto sobre la renta, impuesto de sociedades, impuesto sobre la propiedad, impuesto de circulación, impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre los beneficios y/o impuesto sobre el valor añadido. O tal vez deje esos tipos de impuestos a la jurisdicción de los Estados y cree sólo un nuevo tipo de impuesto bajo el nombre de Impuesto Federal, siempre que los impuestos de los Estados se reduzcan o supriman simultáneamente para evitar que este Impuesto Federal se imponga a costa de los Ciudadanos. No decimos más sobre esto porque es un tema para los elegidos políticamente. Por eso no comentamos aquí la disputa sobre la armonización de los impuestos, por ejemplo el de sociedades.

En la cláusula 2, la aplicación del Lex Silencio PositivoEs destacable una regla del derecho romano: si el Presidente no se pronuncia en el plazo de diez días, la propuesta se convierte automáticamente en ley. Si el Presidente rechaza el proyecto de ley, debe motivar su rechazo y devolverlo a la Cámara que lo redactó. Esto se llama veto del Presidente. La palabra "veto", por cierto, no se menciona explícitamente en la Constitución estadounidense. Tampoco aparece en nuestro artículo.

Llegados a este punto, parece útil discutir brevemente una de las consecuencias de la elección estadounidense de apoyar el principio de la trias politica con un ingenioso sistema de controles y equilibrios. En la práctica, esto lleva a veces a una situación en EE.UU. en la que una de las Cámaras, junto con el Presidente, forma un bloqueo para resolver una crisis presupuestaria (fiscal cliff). Desde un punto de vista superficial, se podría atribuir esto a un error del sistema constitucional: si ambos poderes se mantienen en sus líneas constitucionales, se produce un bloqueo. Y eso podría verse como un error de la Constitución estadounidense. Pero este punto de vista es erróneo si uno se remonta a la razón principal por la que se estableció este sistema de controles y equilibrios: nunca más nadie debe ser el jefe absoluto sobre todos los demás. Esto obliga a todas las partes implicadas, en caso de un posible bloqueo, a mostrar la responsabilidad que los ciudadanos les han otorgado. Y eso no es ni más ni menos que garantizar que el bloqueo se resuelva. Así pues, la continuación de una situación tan triste no se debe a un error sistémico de la Constitución de los Estados Unidos, sino a la incapacidad de los políticos implicados para asumir su responsabilidad en aras del bien común.

Así pues, en el sistema presidencialista estadounidense, ninguno de los tres poderes -el legislativo, el ejecutivo y el judicial- es el jefe del otro. Sólo hay un jefe: el pueblo. El pueblo puede demostrar ese poder de dos maneras: en las elecciones y en un referéndum que ofrece una solución decisiva cuando los tres poderes del Estado han llegado a un punto muerto. El tema del referéndum se trata en el apartado 6.8. 

Explicación de la sección 2

La enumeración limitativa de las competencias de la autoridad federal es una característica típica del sistema federal: los Estados pueden regular todo lo que no esté explícitamente asignado a la autoridad federal. Se establece precisamente que el gobierno federal no puede interferir en asuntos que forman parte del complejo de competencias de los Estados. Véase aquí la protección de la soberanía de los Estados. Y viceversa, también se establece en qué aspectos los Estados no pueden interferir con la autoridad federal, salvo con la autorización del Congreso.

He aquí exactamente una de las principales diferencias entre el intergubernamentalismo y una federación: no hay jerarquía en la cúspide, poder legislativo soberano compartido de la Federación y sus partes constituyentes, los Estados. Por lo tanto, ninguna interferencia en el nivel de gobierno federal y en el de los Estados. Esto contradice la idea popular errónea de que un Estado federal es un superestado que se desprende y absorbe la soberanía de los Estados constituyentes. Quod non. En un sistema federal, los poderes de los Estados y del órgano federal permanecen separados.

La enumeración limitativa de las competencias del poder legislativo tiene por objeto regular los intereses comunes que los Ciudadanos o los Estados no pueden atender. La esencia de la distribución vertical del poder es que los Ciudadanos y los Estados piden a un órgano federal que se ocupe de un conjunto limitado de intereses comunes (por los que también están dispuestos a pagar), sin que este órgano federal tenga derecho a arrogarse el derecho de ser entonces el jefe de todos. Todos los demás poderes permanecen en manos de los ciudadanos y los Estados, intocables por la autoridad federal. Los Estados conservan su propio Parlamento, su Gobierno y su Poder Judicial para lo que no esté asignado a los Estados Unidos de Europa.

Esta Sección 2 es nuestra versión del llamado "Kompetenz Katalog" que Alemania propuso durante el Tratado de Maastricht en 1992, y muchas veces después, pero que siempre fue rechazado por otros países de la UE. Esta es una de las graves deficiencias del sistema intergubernamental.

Nuestra lista es completamente diferente de las listas exhaustivas (en plural) que encontramos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a la Unión Europea. No sólo no son precisa y realmente exhaustivas, sino que además se ven frustradas por el incontrolable principio de subsidiariedad, el ejercicio jerárquico de los poderes y el reparto de competencias: todo ello es una lacra en un templo verdaderamente federal porque invade la soberanía de los Estados. Que conste que este principio de enumeración limitativa de las competencias federales es uno de los mayores logros de los debates de la Convención de Filadelfia y se consiguió en dos semanas.

Este parece un buen lugar para citar a Frank Ankersmit, profesor emérito de Historia de la Filosofía. En el Anuario Holandés de Historia Parlamentaria 2012, titulado "Los Estados Unidos de Europa", escribe entre otras cosas: 

"No tiene sentido entrar en la toma de decisiones en Europa en este lugar, por lo que basta con señalar que está en desacuerdo con todo lo que se ha pensado en la historia de la filosofía política sobre la toma de decisiones públicas. Esta toma de decisiones en Europa es completamente única en la historia, y esto no se entiende en un sentido positivo. Dados los inmensos problemas de la unificación europea, se puede entender; pero es y sigue siendo una cosa fea. Más concretamente, este proceso de toma de decisiones es, de hecho, la codificación oficial de todas las incertidumbres relativas al objetivo final de la unificación europea. Es como si los administradores europeos tradujeran deliberadamente esta incertidumbre en una estructura de gobierno que es la expresión organizativa de la misma. Es como si quisieran consagrar indisolublemente la incapacidad de Europa para saltar por encima de su propia sombra, antes o después, en una estructura administrativa que en realidad lo hiciera imposible."

Compárese con los ya mencionados errores sistémicos (véase el capítulo 3) del Tratado de Lisboa. Es un documento tan defectuoso (legislativo, democrático, organizativo, de toma de decisiones) que la renovación sólo es posible saliendo de él: "salir de esa caja" y evitar el escollo de intentar mejorar el sistema adaptando ese Tratado defectuoso. Al fin y al cabo, está lleno de errores sistémicos. Cada nueva enmienda estará envenenada por estos errores porque están, por así decirlo, "genéticamente" grabados.

Quienes ocupan puestos de liderazgo en el sistema intergubernamental no se dan cuenta de lo destructiva que es la legislación errónea para una sociedad. Aparentemente, no existe un conocimiento y una comprensión fundamentales de la necesidad de un diseño constitucional bien pensado como base de una sociedad que funcione bien. El conocimiento y la valentía son insuficientes para contribuir sustancialmente a la creación de los Estados Unidos de Europa.

Aceptar el Tratado de Lisboa como base para la búsqueda de una Europa unida es, en nuestra opinión, una forma de relativización indeseable del derecho. Como una banalización de la necesidad de garantizar en cualquier circunstancia que la base constitucional de la sociedad tenga una codificación profesionalmente formulada. Aunque algunas partes del derecho, especialmente el derecho administrativo, han adquirido una función instrumental (el derecho como instrumento para alcanzar objetivos de política), existen y seguirán existiendo doctrinas de derecho inalienable y fundamental que ni la política ni la política pueden alterar. El "Estado de Derecho" significa que nadie está por encima de la ley. Pero eso sólo tiene sentido si la elaboración de esa ley se hace según normas irrefutables, no contaminadas por el folclore político. 

Pasemos ahora a nuestro proyecto de Constitución Federal. Las adiciones esenciales en comparación con la Constitución de los Estados Unidos son: 

• Cláusula d, la política de inmigración como asunto federal y ya no perteneciente a un Estado miembro europeo, pero con la cooperación de los Estados en la aplicación de las normas federales, por ejemplo, a través de sus servicios de asistencia, educación y policía.
• Cláusula j, la base de un enfoque federal para una agenda digital (electrónica) europea más la lucha contra la ciberdelincuencia. 
• La cláusula n prevé la creación de fuerzas armadas federales, es decir, un ejército europeo de fuerzas terrestres, navales y aéreas. Un conocido punto de discordia impulsado por el nacional(ismo), pero como folclore provincial bajo una Constitución federal no vale la pena rebatirlo. 

Así pues, esta Sección 2 trata del aspecto más importante de una Federación: la separación vertical de poderes entre la Federación, por un lado, y los Ciudadanos y Estados, por otro. Allí se enumera exhaustivamente lo que el Congreso Europeo puede regular. Sin embargo, esto no significa que esté inmediatamente claro el número de ministros que debe o puede tener el ejecutivo. Entonces, ¿para qué áreas políticas debería haber un ministro con su propio ministerio desde el principio de los Estados Unidos de Europa? Nos ocuparemos de ello en el apartado de la organización del Ejecutivo.

En cuanto a esta lista exhaustiva, hay que hacer tres distinciones.

En primer lugar, observamos que los Estados Unidos de Europa son lógicamente también competentes para ejercer las competencias que se le atribuyen no sólo dentro de la Federación, sino también fuera de ella, por ejemplo, celebrando tratados. Vinculamos las competencias de la Federación tanto a su política interior como a su política exterior. Lo mismo ocurre con los Estados miembros de la Federación. La organización del Ejecutivo contempla cómo funciona esto.

En segundo lugar, debemos señalar el último poder de la Sección 2, Cláusula o. En el texto de la Constitución de los EE.UU. "Para hacer todas las leyes que sean necesarias y apropiadas para llevar a cabo los poderes anteriores, y todos los demás poderes conferidos por esta Constitución en el Gobierno de los Estados Unidos, o en cualquier departamento o funcionario del mismo". Esta es la famosa "Cláusula de Necesidad y Propiedad": El Congreso puede hacer todas las leyes que crea necesarias. Pero si no surgen inequívocamente del conjunto de poderes limitados de su Artículo I, Sección 8 (nuestro Artículo III, Sección 2) el Presidente puede vetarlas. O el Tribunal Supremo puede declararlas inconstitucionales, la llamada "Revisión Judicial". Véase el capítulo 10.

En tercer lugar, otro aspecto importante. El Congreso de los EE.UU. tiene en realidad incluso más poderes que los mencionados en su Constitución en el artículo I, sección 8 (nuestro artículo III, sección 2). Entramos ahora en el ámbito de los llamados "poderes implícitos" (véase más adelante el capítulo 10): poderes que no se recogen literalmente en la Constitución, pero que se derivan del conjunto de poderes de la Sección 8 estadounidense.

Uno de los más importantes es el llamado "control del Congreso". Esta supervisión -organizada principalmente a través de comisiones parlamentarias (tanto permanentes como especiales), pero también con otros instrumentos- se refiere al funcionamiento general del Poder Ejecutivo y de los organismos federales. El objetivo es aumentar la eficacia y la eficiencia, mantener al ejecutivo en línea con su tarea inmediata (ejecución de las leyes), detectar el despilfarro, la burocracia, el fraude y la corrupción, la protección de los derechos y libertades civiles, etc. Se trata de un control exhaustivo de toda la aplicación de las políticas. Esto, por cierto, no es algo del pasado reciente, sino que surgió desde el inicio de la Constitución y es parte indiscutible del ingenioso sistema de controles y equilibrios. 

Eso sí, la Constitución no conoce este "control del Congreso" con tantas palabras, pero se supone que es una extensión inalienable del poder legislativo: si se está autorizado a hacer leyes, también se debe estar autorizado a controlar lo que ocurre en su aplicación. Es algo evidente en un ciclo administrativo.

Por supuesto, se ha intentado demostrar con una interpretación estricta de la Constitución de EE.UU. que esta forma de "poderes implícitos" no se ajusta a la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Supremo de EE.UU. siempre ha rechazado esta pretensión. Esto coincide con la visión del presidente Woodrow Wilson, que consideraba que este control parlamentario era tan importante como la elaboración de las leyes: "Tan importante como la legislación es la supervisión vigilante de la administración". Todo ello a sabiendas de que la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo I, sección 9, determina los límites dentro de los cuales el Congreso de los Estados Unidos puede ejercer los poderes limitativos de su sección 8.

Nos gustaría llamar la atención sobre algunas cláusulas específicas de nuestra Sección 2 modificada.

En primer lugar, la cláusula a, el poder de recaudar impuestos y similares. Esto es necesario en Estados Unidos para pagar las deudas y "para la Defensa común y el Bienestar general de los Estados Unidos". Hemos sustituido las palabras entrecomilladas por "necesarias para el cumplimiento de la garantía establecida en el Preámbulo". En nuestra opinión, la generación de ingresos propios de la autoridad federal debe ir más allá del pago de las deudas de la Federación y de la financiación de los gastos de defensa y bienestar general. Además de la referencia explícita a poder pagar las deudas, creemos que es importante que se establezca aquí un vínculo claro con la garantía del Preámbulo. Es decir, que esos impuestos también están para pagar los gastos "de la libertad, el orden, la seguridad, la felicidad, la justicia, la defensa contra los enemigos de la Federación, la protección del medio ambiente, así como la aceptación y la tolerancia de la diversidad de culturas, creencias, formas de vida y lenguas de todos los que viven y vivirán en el territorio bajo la jurisdicción de la Federación".

La cláusula c se denomina "Cláusula de Comercio" en la Constitución estadounidense. Para los Estados Unidos de Europa, la aplicación de esta disposición - en parte a la luz de la celebración de tratados comerciales - será esencial para la posición económico-financiera de Europa. A este respecto, cuestiones como la Unión Fiscal y la internacionalización del euro (véase la sección 3) desempeñan un importante papel de apoyo.

Explicación de la sección 3

La Sección 3 está dedicada a los límites de principio de los poderes federales concedidos al Congreso en la Sección 2 para proteger a los individuos. Esta concisa Sección 3 sobre los derechos individuales es suficiente en este proyecto de Constitución. No se necesita más. De hecho, la Cláusula 3 de la Sección I del proyecto declara que los Estados Unidos de Europa suscriben la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (excepto el inoperante principio de subsidiariedad[1]) y se adhiere al Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, celebrado en el marco del Consejo de Europa.

La primera cláusula de la Sección 3 otorga a los Estados el derecho a seguir su propia política de extranjería durante unos años más. A partir del año 20XX, aún sin nombre, ésta será la política federal de inmigración. Y con ello, la Federación de Europa se presentará como una Federación que acoge a los extranjeros bajo ciertas condiciones, en lugar de utilizar mecanismos policiales burocráticos y hostiles y construcciones jurídicas destinadas a la defensa para mantener a los ciudadanos de otros continentes fuera de la Federación, o para expulsarlos. Los Estados Unidos de Europa aún pueden utilizar decenas de millones de personas activas y emprendedoras para enriquecer su diversidad cultural, fortalecer su economía y hacer frente a la disminución de su población. Esto requiere una política[2] que organiza la inmigración en beneficio de la Federación y del inmigrante. Los responsables políticos europeos pueden inspirarse en las políticas de Federaciones como Australia, Canadá y Estados Unidos. 

Explicación de la sección 4

Según las cláusulas 1 y 2 de esta Sección, ni los Estados de la Federación, ni la propia Federación, pueden introducir o mantener regulaciones que restrinjan o interfieran con la unidad económica de la Federación. De nuevo, los poderes no asignados expresamente al Congreso por la Constitución en el Artículo III, Sección 2, recaen en los ciudadanos y en los Estados. Esta es la otra cara de la moneda llamada "separación vertical de poderes". Sin embargo, en Estados Unidos se consideró útil y necesario en su momento no sólo poner límites al Congreso en su Artículo I, Sección 9, sino también recordar a los Estados que sus poderes no son ilimitados. Para ello, su Artículo I, Sección 10 (nuestro Artículo III, Sección 4) estipula lo que los Estados no pueden hacer.

La cláusula 3 impone la misma limitación a la potestad legislativa de los Estados que a la de la Federación, contenida en el apartado 3 del artículo 3, con el fin de mantener la seguridad jurídica, no afectar al ejercicio del poder judicial y salvaguardar los derechos de los ciudadanos vigentes o ejecutados. También es importante, un tema que ha sido abordado a menudo por el Tribunal Supremo de EE.UU., que los Estados no puedan legislar para anular las obligaciones contractuales. La seguridad jurídica de los contratantes y de los litigantes es de orden superior a la facultad de declarar por ley la ineficacia de un contrato o de una decisión judicial. 

En la cláusula 4, la disposición de que ninguno de los Estados miembros de la Federación puede crear su propia moneda (tomada del Documento Federalista nº 44 de James Madison) es una clara advertencia a algunos Estados miembros de la UE que están considerando volver a sus propias monedas nacionales anteriores. No obstante, los Estados pueden emitir bonos y otros instrumentos de deuda para financiar sus gastos deficitarios. En otras palabras, se propone crear un sistema financiero similar al de Estados Unidos. 

La cláusula 5 establece que los derechos de exportación e importación no son competencia de los Estados, salvo que estén autorizados para ello. Sin embargo, pueden cobrar por los gastos en que incurran en relación con el control de las importaciones y exportaciones. La recaudación neta de los gravámenes permitidos debe recaer en las arcas de la Federación. Es probable que este asunto ocupe un lugar destacado en el orden del día de los seis senadores (sin derecho a voto) previamente recomendados por los países ACP para el Senado Europeo.

La cláusula 6 subraya una vez más que la defensa es una tarea federal. Se entiende que el Congreso Europeo puede decidir que un Estado miembro acoja en su territorio una parte de ese ejército federal y lo mantenga preparado para actuar en caso de emergencia.

Explicación de la sección 5

En esta sección 5 hemos incluido una serie de normas adicionales para combatir la corrupción política[3]. Dado que en Estados Unidos se gastan gigantescas sumas de dinero en las campañas electorales, hay un dicho: "El dinero es el oxígeno de la política estadounidense". En nuestra constitución federal para los Estados Unidos de Europa, el artículo III, sección 5, contiene cláusulas que justifican el adagio: "El dinero no debe ser el oxígeno de la política europea". 

Esta es nuestra descripción de los artículos I a III de los Estados Unidos de Europa. Nos hemos ceñido lo más posible al texto de la Constitución estadounidense. Por lo tanto, es posible que falten palabras o frases -vitales para una Europa federal- o que estén mal redactadas. O que estemos regulando cosas que no son necesarias en el contexto federal europeo previsto. Por eso, éste -como el resto de nuestro proyecto de Constitución- está abierto a las adiciones y mejoras de la Convención de Ciudadanos.

Los siguientes artículos IV-X están tomados en parte de la propia Constitución original de los Estados Unidos, y en parte complementados y mejorados por los textos de las enmiendas añadidas posteriormente por el Congreso. También aquí nos permitimos mejorar la legibilidad de la estructura de la Constitución estadounidense separando la organización del poder ejecutivo de la duración y la vacante de la (vice)presidencia.

[1] El principio de subsidiariedad tampoco se menciona en el Preámbulo porque la subsidiariedad coincide con la estatalidad federal. Esto ya se ha explicado.

[2] Esta política dirá adiós a Frontex, la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas. La forma en que la Unión Europea ha permitido que esa agencia evolucione, en cuanto a sus poderes, personal, procedimientos y armas, hacia un mecanismo de defensa sin control democrático y sin escrutinio por parte de las organizaciones de derechos humanos, convirtiéndose así en el patio de recreo de los grupos de presión industriales, puede convertirse en el mayor crimen antihumanitario del siglo XXI.

[3] Las cláusulas 3-9 del artículo III fueron añadidas por Leo Klinkers, tomadas de Charles Hugh Smith, '10 Common- Sense Amendments to the US Constitution', 21 de febrero de 2019.

Explicación de la sección 1

Cláusula 1 entitles both Houses of the European Congress to make initiative laws. Not the President and the Ministers of his Cabinet. These executives do not even act in the Houses. This strict separation of legislative and executive power guarantees the autonomy of the European Congress in its core task: the drafting and final approval of federal laws.

Cláusula 2 is a rather revolutionary text. Laws - with commandments and prohibitions - are the strongest instrument by which a government determines the behavioural alternatives of its Citizens. Citizens who believe that laws do not sufficiently consider the requirement of inclusiveness, deliberative decision-making, and representativeness in the sense of respecting and protecting minority positions within majority decisions, with resolute wisdom avoiding oligarchic decision-making processes can challenge this up to the highest court. The Federal Court of Justice has the power to test laws against the Constitution. In this Clause 2, therefore, lies a fundamental aspect of direct democracy: citizens have the right to challenge the correctness of a law before the highest court.

Cláusula 3 gives the exclusive power to the House of the Citizens to make tax laws. Unlike legislation in the general sense, the House of the States therefore does not have that power. However, that House may try to change those tax laws through amendments. The reason for declaring only the House of the Citizens competent to take an initiative in this regard is based on the consideration that 'groping in the purse of the citizens' is solely and exclusively at the discretion of the delegates of those Citizens.

The House of the Citizens thus decides what type of federal taxation will take place: income tax, corporation tax, property tax, road tax, wealth tax, profits tax and/or value added tax. Or perhaps it will leave those types of tax to the jurisdiction of the States and creates only one new type of tax under the name Federal Tax, provided that States' taxes are simultaneously reduced or abolished to prevent this Federal Tax from being imposed at the expense of the Citizens. The Constitution says no more about this because it is a subject for the politically elected. 

Cláusula 4 excludes the President's involvement in the legislative process of both Houses. The US Constitution gives the President the power to veto a draft law, but then a complicated process follows between the President and both Houses to agree or disagree. We do not consider it desirable for the President, as leader of the Executive Branch, to participate in law making, nor in interfering in a possible dispute between the two Houses. We provide the establishment of a mediating bicameral commission in case both Houses cannot work it out together.

Cláusula 5 gives the President a say in legislative matters of a lower level than a law.

Explicación de la sección 2

If one sees the Preamble as the soul of the Constitution, then Section 2 of Article III is its heart. It mixes procedural provisions with substantive issues and the way they are to be dealt with partly by the Federation and partly by the Member States.

The end-means relationships of the Constitution

Building a federation is mainly a matter of structure and procedures. It is not about substantive policy. There is no such thing as federalist policy, for example, in the sense of federalist agricultural policy. There are, however, the policies of the federation. But their content is not determined by the fact that it has a federal form of organisation but by the political views and decisions of the members of the House of the Citizens, of the States and of the Federal Executive. The Federation itself has no political colour. It is not left-wing; it is not right-wing, is neither progressive nor conservative. It is a safe house for all European Citizens, regardless their political, social, religious belief. A structure with procedures and guarantees that are geared as much as possible towards taking care of Common European Interests. In other words, interests that individual Member States can no longer take care of on their own.

Section 2 shows the list Common European Interests in relation to substantive subjects for which the Federal Authority needs powers to look after those interests. Because this federation is built on the principles of centripetal federalizing (by building from the bottom up the parts create the whole) the Member States shall determine for which Common European Interests they are entrusting which powers to the federation. This is the most important condition for preventing the federation from developing into a superstate. Federations that are built top down (centrifugal federalisation: a central government creates parts) have the characteristic that there will always be centralist aspects in the federation, with the risk of weakening the classical federal structure that aims to ensure that the parts always remain autonomous, independent, and sovereign.

Thus, the powers of the federal body come from the Member States, not in the sense of transferring or conferring, but in the sense of entrusting: the Member States make some of their powers dormant, as it were, so that the Federation can work with them to realise the Common European Interests. That is the socalled vertical separation of powers between the Member States and the Federal Authority, leading to shared sovereignty between the two.[1]

[1] The vertical separation of powers is the same as establishing subsidiarity. In other words, nowhere in a well-designed federal constitution is there a sentence that points to the principle of subsidiarity for the simple reason that the concepts of ‘vertical separation of powers’ and ‘subsidiarity’ coincide. See for more information the paragraphs 4.2.5, 4.2.8, 5.2, 5.3.2, 5.4 of the aforementioned Toolkit: https://www.faef.eu/wp-content/uploads/Constitutional-Toolkit.pdf.

This requires a return to the passage on ‘Values and Interests’ in the General Observations of the Explanation to the Preamble. The Preamble to a federal Constitution is about values. The values are the objectives to be achieved through the deployment of Articles I to X. These articles contain the norms – read means – by which the values – read objectives – must be realised. The composition of a Constitution is thus a balanced relationship between values and norms or – in other words – between ends and means. 

Interests on the other hand – better the Common European Interests of Europe, to be taken care of by the Federal Authority – are part of a second ends–means relationship. They are the means to realize the norms. And they are cared for and secured through the Vertical Separation of Powers between the Federal body and the Member States. So, that is a third means to end relationship.

Note that these three ends–means relationships are part of the ingenious system of checks and balances and require such attention that the ends are clear, that the means are clear and that the means can realise the ends. The arrows in the diagram – from right to left - show the means to end relations:

The FAEF Citizens’ Convention started the process of improving a provisional Constitution text with the perception that there are Values and Common European Interests; and that we can achieve (much) more through cooperation. Realization of these Common Interests are the objectives of forms of cooperation between the Member States and a Federal Authority. By expanding the scope, scale, and depth of the collaboration, it becomes possible to define those Common Interests in terms of means to fulfill the Norms and the Norms to fulfill the Values. These Values are understood as the foundation of the Federation, and as the ultimate objectives to be achieved. They have become the objectives in terms of the ‘what’ and indicate the desired direction (of development) for the Federation.

The Articles I - X concern principles for the organization of the Federation (structure and process) - the ‘how’ - and reflect (must be consistent with) the Values. The Articles can be considered Norms. i.e. rules and expectations (of ‘behavior’) that can be enforced. They are the means to fulfill the Values.

The Common Interests are the ‘where’. They can be considered ‘result areas’ that are established with a centripetal approach to federalization (bottom-up, minimalistic/cautious approach). These result areas are the more concrete issues/challenges where the Federation can provide added value for the Member States and the Citizens of the federation. The ‘field of activity’ of the Federal Authority is defined through the Common European Interests, that are identified by the Member States and its Citizens.

The Vertical Separation of Powers defines the content, the depth and the scope of the Common European Interests and is the beginning of the series of goal-means relationships. Anything that goes well - or perhaps not well - in the process of the vertical separation of powers by which Member States entrust powers to the Federal body will positively or negatively affect the meaning and value of the Common Interests. That, in turn, will affect the quality of the Norms and, in turn, that will affect the quality of achieving the Values. Thus, the success of the vertical separation in a good cooperative effort ultimately determines the success of what the Federation aims to achieve with the Values of the Preamble.

The Clauses of Section 2

Cláusula 1 lists the Common European Interests. This is the fulcrum of a federal Constitution. The only reason to make a centripetal federation is that States realise that they can no longer look after some interests on their own. They then jointly create a Federal body and ask that body to look after a small set of common interests on their behalf and of their Citizens.

Cláusula 1 lists the name of the Common European Interests. This gives a good idea of what these interests mean. For a better idea of their content, see Appendix III A. The Appendix describes the procedure for the vertical separation of powers which gives indications of the subjects of policies that are entrusted to the care of the Federal authority. 

Cláusula 2 explains what a centripetal federation is: the parts create a whole, a centre, which is empowered by the parts to look after common interests that individual States can no longer look after on their own. Although the list of Common European Interests is exhaustive, Clause 2 offers a window for increasing or decreasing it if new circumstances warrant. Naturally, this must be done via the procedure of Appendix III A and of the procedure to amend the Constitution. New circumstances can be: a new insight in the meaning of the values and norms of the constitution; a new insight in the meaning of Common European Interests that affect at least three states and have the potential to escalate to other states; the realization that the scale of new circumstances requires a uniform, efficient federal response.

Cláusula 3 refers to Appendix III A that regulates the procedure of the vertical separation of powers. See the end of this Explanation on Article III. 

More powers than the ones in Section 2

It is to be expected that the practice of the European Federal Union will show that the Houses of the European Congress - just like those of the US Constitution - feel that they do not have enough powers with the exhaustive Common European Interests mentioned in Section 2. A system of 'additional powers' will undoubtedly develop. An expansion of the complex of powers of both Houses that may be at odds with the intentions of the Constitution. One should think here of the following - potential - developments.

One of the most important is called 'Congressional Oversight'. This oversight - organised mainly through parliamentary committees (both standing and special), but also with other instruments - concerns the overall functioning of the Executive branch and Federal Agencies. The aim is to increase effectiveness and efficiency, to keep the executive in line with its immediate task (execution of laws), to detect waste, bureaucracy, fraud and corruption, protection of civil rights and freedoms, and so on. It is a comprehensive monitoring of the entire policy implementation. This, by the way, is not something of the recent past in the US. It arose from the inception of the Constitution and is an undisputed part of the ingenious system of checks and balances. It will undoubtedly develop in the same way in Europe.

The Constitution does not know this 'Congressional Oversight' in so many words, but it is supposed to be an inalienable extension of the legislative power: if you are authorised to make laws, you must also be authorised to control what happens in their implementation. It is self-evident in an administrative cycle. Of course, there have been attempts to demonstrate with a strict interpretation of the US Constitution that this form of 'Implied Powers' is not in accordance with the Constitution. However, the US Supreme Court has always rejected this claim. This is in line with the vision of President Woodrow Wilson, who saw this parliamentary oversight as being just as important as making laws: "Quite as important as legislation is vigilant oversight of administration."[1]

[1] For more information on these issues, see Chapter 10 of the aforementioned Toolkit: https://www.faef.eu/wp-content/uploads/Constitutional-Toolkit.pdf.

Explanation of Section 3

Clause 1 restrains policies and actions that may be crushing for biodiversity or that, for example, polluting energy companies are opened or remain open in violation of climate agreements. This ban must make a positive contribution to energy and food availability and security.

According to Clauses 2 y 3 of this Section, neither the States of the Federation, nor the Federation itself, may introduce or maintain regulations which restrict or interfere with the economic unity of the Federation. Again, powers not expressly assigned to Congress by the Constitution in Article III, Section 2 rest with the Citizens and the States. This is the other side of the coin called 'vertical separation of powers'. Nevertheless, in America it was considered useful and necessary at the time not only to place limits on Congress in their Article I, Section 9, but also to remind the States that their powers are not unlimited. To this end, their Article I, Section 10 - our Article III, Section 3 - stipulates what the States may not do.

Cláusula 4 imposes the same limitation on the legislative power of the States as that of the Federation in order to maintain legal certainty, not to affect the exercise of judicial power and to safeguard rights of Citizens in force or enforced. It is also important, a subject that has often been addressed by the US Supreme Court, that States may not legislate to override contractual obligations. Legal certainty for contractors and litigants is of a higher order than the power to declare a contract or a court decision ineffective by law.

En Cláusula 5, the provision that none of the member States of the Federation may create its own currency (taken from James Madison's Federalist Paper No 44) is a clear warning to some EU Member States considering returning to their own former national currencies. Nevertheless, states are allowed to issue bonds and other debt instruments to finance their deficit spending. In other words, we are proposing to create a financial system similar to that of the USA. 

Cláusula 6 states that export and import duties are not within the competence of the States unless they are authorised to do so. They may, however, charge for the expenses they incur in connection with the control of imports and exports. The net proceeds of permitted levies must fall into the coffers of the Federation. This matter is likely to have a high place on the agenda of the previously recommended six delegates of the House of the States (without voting rights) delegated by the ACP countries to the European House of the States.

Cláusula 7 emphasizes once again that defence is a federal task. On the understanding that the European Congress may decide that a Member State shall accommodate on its territory a part of that federal army and keep it ready to act in case of emergency.

Explicación de la sección 4

In this Section 5 we have included a number of additional rules to combat political corruption. Because gigantic sums of money are spent on election campaigns in America, there is a saying: "Money is the oxygen of American politics". In our federal constitution for the United States of Europe, Article III, Section 5 contains Clauses justifying the adage: 'Money should not be the oxygen of European politics'. 

Appendix III A - The procedure for the vertical separation of powers

By ratifying the Constitution, the Citizens adopt the limitative and exhaustive list of the Common European Interests. The question, however, is: how can one properly determine which powers are necessarily needed to enable the Federal Authority to do its job? For that, a procedure is needed. A procedure of debate and negotiation within which the Citizens (direct democracy) and the States play a prominent role. For this purpose, Clause 3 refers to Appendix III A which is an integral and therefore mandatory part of the Constitution, but for any future adjustment it is not subject to the amendment rules of the Constitution.

If the Constitution is ratified by enough Citizens to establish the Federation 

the limitative and exhaustive list of the Common European Interests will be established. The meaning of this is: the Citizens have spoken; that list is non-negotiable during the debate and negotiation necessary to determine which powers should be entrusted – by means of that vertical separation of powers - to the Federal Authority, to enable the Federation taking care of the Common European Interests. 

Let us repeat once again that the Member States retain their sovereignty in the sense that they do not transfer or confer parts of their sovereignty to the federal body and would thus lose those sovereignty. What they are doing is entrusting some of their powers to the federal body because that body can look after Common European Interests better than the Member States themselves. Thus, the Member States make their relevant powers dormant. The effect is shared sovereignty. 

The vertical separation of powers will always be a matter of debate and will sometimes require adjustment. That is why the outcome of the debate and negotiation on the vertical separation of powers will be another Appendix to the Constitution: Appendix III B. The Appendix III A on the procedure of the process of the vertical separation of powers and the future Appendix III B, containing the result of that procedure, are integral parts of the Constitution but might be adjusted during the years without being subjected to the constitutional amendment procedure. This is to prevent that any necessary adjustments of the vertical separation will force to amend the Constitution itself. 

On the basis of three principles, the founding fathers of this Constitution lay down the following procedure for determining the vertical separation of powers.

Principle 1 – from bottom to top

It would be a severe system error to arrange the allocation of powers from top to bottom. Wherever possible in the construction of a federal state, one should always work from the bottom up. That is a ‘commandment’ of the centripetal way on which this federal Constitution is based. This requires asking the Member States which parts of their complex of competences they wish to make dormant, so that the federal body can dispose of them to take care of the Common European Interests.

One must be careful not to think in terms of decentralization. Decentralization is ‘moving from top to bottom’: the center shares parts of its powers with lower authorities. This does happen in federal states that are centrifugally built: a centre creates parts. But the effect of such a course of action is that there will always remain unitary/centralist aspects. If countries such as Spain and the United Kingdom were to decide to further decentralize their already existing devolved autonomous regions into parts of a federal state, they would run the risk of creating a relatively imperfect federal state as well.

Principle 2 – debate and negotiation on Common European Interests

If the electorates of some European states ratify the Constitution by a majority, and if their parliaments follow the will of their people, the debate and negotiation on the powers that the Member States entrust to the Federation starts. This process is as follows:

a) Deliberación interna de los Estados miembros

Each Member State has two months to prepare a document in which it puts forward proposals on the powers it wishes to entrust to the Federal body. In total, they draft one document for each Common European Interest. In doing so, they give an insight into the way in which they think the Federal body should be vested with substantive powers and material resources. A Protocol establishes the requirements that the documents must meet in order to be considered, among which the organization of the way Citizens participate in that process (direct democracy). The central requirement is that they must deal with the representation of Common European Interests that a Member State cannot (or can no longer) represent in an optimal manner itself.  

b) Agregación de los documentos

Under the leadership of FAEF, a Transition Committee is created beforehand to regulate the transition from the treaty-based to the federal system. This is where the Citizens come in as well: direct democracy. Led by FAEF, that Committee consists of (a) non-political Experts on the Common European Interests and (b) non-political Citizens. Point (a) is required for expertise. Point (b) is required to prevent the deliberation and decision-making on the vertical separation of powers from degenerating – as has been the case in the treaty-based intergovernmental EU-system since 1951 – into nation-state advocacy. The Transition Committee aggregates the documents of the Member States into a total sum of powers to be vertically separated, and the substantive and material consequences. Two months are available for this. 

c) Decisión final

The aggregated document is the agenda for a one week deliberation on each Common European Interest. Under the leadership of the Transition Committee, final decisions are taken on the best balanced allocation of powers from the Member States to the Federal body. This final document will be an integral Appendix III B of the constitution. After its implementation in the federal system practice will show when, why and how Appendix III A on the procedure of the vertical separation of powers needs improvements, so that the Appendix III B on the result of that procedure must undergo improvements as well. 

d) El inicio de la construcción de la Europa federal

The result of c) marks the beginning of the building of the federal Europe. Guided by a Transition Committee of Citizens, the Member States determine concretely how the federal body with a limited number of entrusted powers of the states should represent a limited amount of Common European Interests. It marks a barrier between the tasks of the federation and the fields in which the Member States remain fully autonomous and the federation cannot become a superstate.

Principle 3 - Debatable and negotiable subjects 

Taking from the limitative and exhaustive list of Common European Interests of Section 2, Principle 3 contains non-exhaustive examples of topics on which the debate and negotiations may take place.

The formula is as follows:

The European Congress is responsible for taking care of all necessary regulations with respect to the territory or other possessions belonging to the European Federal Union, related to the following Common European Interests:

1. The livability of the European Federal Union,

by regulating policies against existential threats to the safety of the European Federal Union, its States and Territories and its Citizens, be they natural, technological, economic or of another nature, or concerning the social peace.
 
Potential topics for debate and negotiation on the vertical separation of powers:
(a) to regulate the policy on all natural resources and all lifeforms, on climate control, on the implementation of climate agreements, on protecting the natural environment, on ensuring the quality of the water, soil, air, and on protecting the outer space;
(b) to regulate policies on preventing and fighting pandemics
(c) to regulate the policy on the safety and availability of food and drinking water;
(d) to regulate the policy on preventing scarcity of natural resources and dysfunctional supply chains;
(e) to regulate the policy on social security, consumer protection and child care;
(f) to regulate the policy on employment and pensions;
(g) to regulate the policy on health throughout the European Federal Union, including prevention, furthering and protection of public health, professional illnesses, and labor accidents;
(h) to regulate the policy on justice and on establishing federal courts, subordinated to the European Court of Justice.

2. The financial stability of the European Federal Union,
by regulating policies to secure and safe the financial system of the Federation.

Potential topics for debate and negotiation on the vertical separation of powers:
(a) to regulate the policy on federal tax, imposts, and excises, uniformly in all territories of the European Federal Union, on the debts of the Federation, on the expenses to fulfill the duties imposed by this and on borrowing money on the credit of the Federation;
(b) to regulate the policy on installing a fiscal union;
(c) to regulate the policy on supervising the system of financial entities;
(d) to regulate the policy on coining the federal currency, its value, the standard of weights and measures, the punishment of counterfeiting the securities and the currency of the Federation.

3. The internal and external security of the European Federal Union,
by regulating policies on defence, intelligence and policing of the Federation.

Potential topics for debate and negotiation on the vertical separation of powers:
(a) to regulate the policy on raising support on security capabilities, among which the policy on one common defence force (army, navy, air force, space force) of the Federation, on compulsory military service or community service, and on a national guard;
(b) to regulate policies in the context of external conflicts, policies on sending armed forces outside the territory of the Federation, on military bases of a foreign country on the territory of the federation, on the production of defensive weapons, on the production of weapons for mass destruction, on the import, circulation, advertising, sale, and possession of weapons, on the possibility of bearing arms by civilians;
(c) to regulate the policy on declaring war, on captures on land, water, air, or outer space, on suppressing insurrections and terrorism, on repelling invaders, and on fighting autonomous weapons;
(d) to regulate the policy on fighting cybercrimes and crimes in outer space;
(e) to regulate the policy on one federal police force;
(f) to regulate the policy on one federal intelligence service;
(g) to regulate fighting and punishing piracy, crimes against international law and human rights;

4. The economy of the European Federal Union,
by regulating policies on the welfare and prosperity of the Federation.

Potential topics for debate and negotiation on the vertical separation of powers:
(a) to regulate the policy on the internal market;
(b) to regulate the policy on transnational production sectors like industry, agriculture, livestock, forestry, horticulture, fisheries, IT, pure scientific research, inventions, industrial product standards;
(c) to regulate the policy on transnational transport: road, water (inland and sea), rail, air, and outer space; including the transnational infrastructure, postal facilities, telecommunications as well as electronic traffic between public administrations and between public administrations and Citizens, including all necessary rules to fight fraud, forgery, theft, damage and destruction of postal and electronic information and their information carriers;
(d) to regulate the policy on the commerce among the Member States of the Federation and with foreign nations;
(e) to regulate the policy on banking and bankruptcy throughout the Federation;
(f) to regulate the policy on the production and distribution of energy supply;
(g) to regulate the policy on consumer protection;

5. The science and education of the European Federal Union, by regulating policies on the improving the level of wisdom and knowledge within the Federation.

Potential topics for debate and negotiation on the vertical separation of powers:

(a) to regulate the policy on scientific centers of excellence;
(b) to regulate the policy on transnational alignment of pioneering research and related education;
(c) to regulate the policy on the exclusive rights for authors, inventors, and designers of their creations;
(d) to regulate the policy on progress of scientific findings and economic innovations.

6. The social and cultural ties of the European Federal Union, by regulating policies on preserving established social and cultural foundations of Europe.

Potential topics for debate and negotiation on the vertical separation of powers:
(a) to regulate the policy on strengthening unity in diversity: “Acquiring the new while cherishing the old”;
(b) to regulate the policy on arts and sports with a federal basis.

7. The immigration in, including refugees, and the emigration out of the European Federal Union, by regulating immigration policies on access, safety, housing, work and social security, and emigration policies on leaving the Federation.

Potential topics for debate and negotiation on the vertical separation of powers:

(a) to regulate policies on access – or denial of access - to the Federation, on security measures against terrorism and cybercrime related immigration, on mode of housing, employment, social security;

(b) to regulate policies on leaving the Federation.

8. The foreign affairs of the European Federal Union, by regulating policies on strengthening the Common European Interests in the interest of global peace, social equality, economic prosperity, and public health.

Potential topics for debate and negotiation on the vertical separation of powers:
(a) to regulate the policy on external cooperation to strengthen the policies on the foregoing Common European Interests.
(b) to define the means by which this common interest is promoted, e.g. through cooperation by States, especially concerning international trade (what is trade, with whom, under what conditions), developmental projects (what projects, with what partners, under what conditions), disaster relieve, projects to mitigate (the consequences of) climate change/global warming.
(c) to regulate policies to promote global federation.

To sum it up, correct thinking about federalizing is as follows

1. The Common Interests are the same as a Kompetenz Catalogue. It is a limitative and exhaustive list of concrete interests of a common European nature. They must be formulated in an abstract, generic way. In other words: the common interests must have a name. For example, 'The financial stability of the European Federal Union’. 

2. Although the list of Common European Interests is exhaustive, the Constitution must provide for the possibility of adapting that list. The constitutional amendment procedure and that of Appendix III A shall apply.

3. These common interests must be promoted by means of policies. To design and implement policies, the federal body needs powers. This requires a so-called vertical separation of powers: the states entrust a limitative and exhaustive list of powers to the federale entity. 

4. Because we are building a classic centripetal federation (i.e., from the bottom up), it is up to the Member States to decide which powers they want to entrust to the federal body. This is the key to limiting a possible Pandora's box of an endless list of policies for free application by the federal body.

5. This methodology is a natural limitation to the bottom-up determination of what member states want to entrust to the federal body. They might want to limit themselves and in that (defensive) attitude lies the perfect opportunity to clarify together what the real European interests are. The purpose of making a federation is not to enable a federal body to act as a new ruler but to look after essential European interests. 

6. When working on de vertical separation of powers three subjects play an important role:

(a) Stick to the principle of working from the bottom up. This stems directly from the Political Method of Johannes Althusius who formulated the building blocks of federal statehood around 1600.
(b) Require the Member States to write down, each for itself, which powers it wants to entrust to the federal body. A Transition Committee of experts and other Citizens (proces-steering democracy), led by FAEF, aggregates these Member State documents, and decides on it as the final decision on vertical separation. Only with the composition of that document does it become clear which powers, and thus which policies, will be represented by the federal body.
(c) Require, in addition to working with a Transition Committee of (expert) Citizens, that the Member States consult Citizens in the process of weighing up the options within their own state. This is another opportunity for direct democracy.

7. That bottom-up process determines how many specific policies are taken out of the box to take care of the generic common interests. It leads naturally to an agreement between the Member States because they themselves have determined what they want to entrust to the federal body. And the federal body has to accept that. This indicates how much a federation differs from the treaty-based EU.

8. In other words, we should not already in the Constitution, nor in the Explanation, establish the vertical separation of powers or drive it in a certain direction. We must stick to a procedural way of working bottom up.

9. For this reason, the topics aforementioned are intended only as possible subjects for debate and negotiation in the procedure of vertical separation of powers.

10. This line of thinking leans heavily on standards and principles of classical federal statehood.